Robo de propiedades a muertos: 15 operativos

Tres jueces y dos fiscales allanaron escribanías, gestorías, estudios contables, jurídicos y de agrimensura. Se secuestraron boletos de compra y venta, poderes, escrituras y títulos
La Justicia penal platense dispuso ayer quince allanamientos simultáneos en tres escribanías, dos estudios de agrimensura, dos gestorías, tres estudios jurídicos, dos estudios contables y una inmobiliaria en el marco de tres causas que investigan a una organización delictiva dedicada a fraudes inmobiliarios, supuestamente a través del robo de propiedades de dueños fallecidos que luego eran vendidas. Los procedimientos fueron ordenados por los jueces de Garantías Marcela Garmendia, Néstor De Aspro y César Melazo a pedido de los fiscales de Delitos Complejos de La Plata Carlos Argüero y Esteban Lombardo. En los allanamientos participaron 50 efectivos de la DDI. Se incautaron boletos de compra y venta, escrituras, poderes y soportes informáticos. Los elementos secuestrados comprometerían seriamente a las personas identificadas en los operativos. Están sospechados de integrar una banda que bajo maniobras fraudulentas en la comercialización de costosos inmuebles de la zona céntrica de La Plata. En esa maniobra, hay “una gran cantidad de damnificados que han sido despojados de sus patrimonios arteramente”, precisaron las fuentes consultadas. En tanto, en una causa parelela, donde la fiscalía de Delitos Complejos de La Plata investiga maniobras similares con propiedades, títulos y escrituras, la Cámara de Apelaciones y Garantías rechazó un pedido de morigeración de la prisión preventiva solicitado por uno de los principales imputados, el contador platense Francisco Renga, sindicado como presunto jefe de una asociación ilícita. En ese expediente están imputados el contador Miguel Angel Roldán, bajo prisión preventiva, Carlos Mohamed, Mariano Martínez, José Luis Penido, la escribana Juana Basso y el agrimensor Alejandro Daniel Martínez. La operatoria “consiste en la instrumentación y creación artificial de diferentes actos jurídicos, como escrituras, poderes, sustitución de poderes, testamentos, con la finalidad de ejercer actos de disposición sobre bienes inmuebles que pertenecían a personas fallecidas o al propio Estado, ya que muchas veces no había sucesores”, dijo una fuente judicial. “Identificaban un inmueble abandonado, tenían alguna conexión en registro o catastro y hacían los papeles como para hacerse de las propiedades. Tenían acceso a escribanos, agrimensores o ingenieros que le facilitaban todo”, indicaron las fuentes.