lunes, 15 de septiembre de 2008
El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) reconoció hoy que no tomó las medidas adecuadas para corroborar si el proyecto Paseo Caribe se desarrolla parcialmente en terrenos del gobierno.
Y es que un primer estudio de agrimensura encomendado por la agencia determinó que el lujoso complejo residencial, comercial y turístico se levanta en parte en terrenos del Estado, mientras que un segundo estudio afirma todo lo contrario.
El primer análisis estuvo a cargo del agrimensor Carlos Rodríguez, y el segundo, de Edwin Rivera, ambos empleados de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).
"Quizás debimos haberlos reunido a posteriori (a los agrimensores) para que se discutiera qué hiciste tú y qué hice yo, y eso no se hizo", dijo en vistas públicas Wendel Mercado, ayudante especial del secretario del DTOP, Carlos González.
El funcionario explicó ante la Comisión senatorial de Asuntos Federales y del Consumidor que en principio no se quería que ambos agrimensores compartieran la información utilizada al hacer el estudio para que "no hubiera contaminación" entre un análisis y el otro y así cada uno llegara a sus propias conclusiones.
Pero tanto Rodríguez como Rivera coincidieron en que las conclusiones contradictorias de sus respectivos estudios podrían obedecer a los documentos que cada uno utilizó en el proceso de evaluación.
A modo de ejemplo, Rodríguez precisó que en su agrimensura empleó un plano que data del 1955, mientras que Rivera usó un documento registral de 1938 que contiene los rumbos y distancias del terreno en controversia.
"Las diferencias pueden surgir del tipo de documento que utilizamos", dijo Rodríguez tras participar en la vista al resaltar que el DTOP debió haberlo reunido con Rivera para, al menos, discutir las fuentes que utilizó para su agrimensura.
Rodríguez indicó durante la audiencia que nadie le hizo acercamiento alguno para reunirse y que sólo le comunicaron de manera general que se estaba haciendo una revisión del estudio que realizó a finales del 2007.
Ambos agrimensores dijeron que se reunirían próximamente para discutir sus respectivos estudios.
La Comisión de Asuntos Federales y del Consumidor indaga si es cierto que el proyecto desarrollado por Arturo Madero ocupa alrededor de 82.19 metros cuadrados de la servidumbre de la carretera PR-25, luego que surgieran versiones encontradas sobre ese dato.
En un principio, fueron los desarrolladores quienes advirtieron sobre la posibilidad de que Paseo Caribe estuviera ocupando terrenos del gobierno, por lo que sometieron ante la Oficina Asesora de la Administración de Propiedades del DTOP una solicitud para arrendamiento, compra o permuta de propiedades.
La ACT dijo originalmente que el proyecto no invadió los terrenos del gobierno, y posteriormente la comisión legislativa pidió a la agencia que ordenara un estudio, que realizó Rodríguez y que estableció que sí hubo invasión.
La revisión de este estudio efectuada por Rivera determinó que las tierras del Estado no fueron ocupadas por Paseo Caribe.
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