La Cámara de Diputados iniciará en la primera semana de junio el debate en comisión del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que busca limitar la venta de tierras a extranjeros, en el marco de un plenario de comisiones que contará con la presencia de funcionarios del Ministerio de Agricultura.
El texto, enviado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado 27 de abril al Congreso, será tratado el próximo 2 de junio en un plenario de las comisiones de Legislación General y Agricultura y Ganadería de la Cámara baja, que contaría con la presencia del ministro de Agricultura, Julián Domínguez.
Según confirmó a Télam la diputada de Nuevo Encuentro, Vilma Ibarra, titular de la comisión de Legislación General, también se invitará al plenario a los legisladores que integran la comisión de Asuntos Constitucionales, donde se encuentran otros proyectos vinculados a la posesión de tierras en manos de extranjeros.
Al anunciar el proyecto, la Presidenta -que ya se había comprometido el 1 de marzo al inaugurar la Asamblea Legislativa a remitir el texto al Congreso- aseguró que con la iniciativa "estamos dando un paso más en algo muy importante que es el dominio nacional de nuestro recurso no renovable, la tierra".
La iniciativa no sólo apunta "a regular un previsible incremento de la propiedad extranjera sino a la necesidad de limitar un proceso de concentración de grandes extensiones de tierras en manos de capitales", según los fundamentos.
Entre otras cuestiones, el proyecto establece que las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las 1.000 hectáreas, cualquiera sea su lugar de ubicación, y fija en el 20 por ciento el límite a toda titularidad de dominio por parte de extranjeros de tierras rurales en el territorio nacional.
Si bien existen cerca de una docena de proyectos vinculados con la propiedad de la tierra, el plenario de comisiones -previsto para el 2 de junio- avanzará en el debate de la cuestión y buscará consensuar un texto unificado entre los diferentes bloques parlamentarios.
La iniciativa fue bien recibida por la mayoría de los bloques parlamentarios, que coincidieron en destacar la importancia de avanzar en la cuestión y anticiparon el respaldo al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo aunque se mostraron a favor de unificarlo con las otras inciativas existentes en la cámara baja.
"Creo que vamos a poder llegar a un consenso fácilmente, ya que tanto el oficialismo como la oposición tienen vocación de sacar una ley que aborde definitivamente la cuestión del dominio de las tierras rurales", enfatizó Ibarra.
Desde el radicalismo, el diputado Pablo Orsolini, ex vicepresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), manifestó su respaldo al proyecto, al sostener que "es un buen augurio que se le de celeridad a este tema tan importante, ya que desde el 2000 que venimos reclamando este debate en nuestra entidad".
Se trata del legislador radical por Chaco, proveniente del sector agrario, que en la Asamblea Legislativa del pasado 1 de marzo, desde su banca, le pidió a la Presidenta por una ley que aborde el tema de extranjerización de las tierras.
Orsolini recordó que el primer proyecto que presentó como legislador tiene "muchas coincidencias" con el del Poder Ejecutivo y afirmó que "esperamos que se apruebe lo más rápido posible, ya que todos los que hay en la cámara tienen muchísimo en comun con el enviado por la Presidenta".
"Si se trabaja con seriedad se va a poder sacar un sólo proyecto consensuado. Cuanto antes se avance en el dictamen será mejor para todos" aseguró Orsolini, quien puso de relieve la decisión del Poder Ejecutivo, al destacar que la Presidenta "cumplió con su palabra de enviar el proyecto al Congreso".
Por su parte, el socialista Lisandro Viale, vicepresidente de la comisión de Agricultura, celebró que se debata la cuestión pero se pronunció a favor de que antes se avance en un proyecto para crear un Registro Único de Catastro para las tierras en la Argentina, "para tener un relevamiento sobre la tenencia de la tierra".
No obstante, Viale anticipó que ese bloque planteará algunos cambios al proyecto enviado por el PEN, entre los que mencionó, incorporar una diferenciación de los territorios, al sostener que "no es lo mismo la Patagonia que las tierras en el Acuífero Guaraní, las zonas selváticas, la pampa húmeda o los glaciares cordilleranos".
"Hoy no existe criterio fundamentado respecto a por qué en la ley que envió el Ejecutivo se establece el 20 por ciento como límite a toda titularidad extranjera de tierras en Argentina. ¿Por qué no el 10 por ciento?", se preguntó el titular del bloque de diputados socialista.
De acuerdo a la iniciativa, se crea un Registro Nacional de Tierras Rurales, en el ámbito del Ministerio de Justicia, que tendrá la facultad de requerir la información necesaria a las dependencias provinciales competentes en registración y catastro inmobiliarios.
Dispone, además, la realización de un relevamiento catastral y dominial que determine la propiedad de las tierras rurales, tomando como fecha de configuración del relevamiento la situaciónexistente al 10 de enero de 2010.
El relevamiento de las tierras rurales se realizará dentro de los 180 días de la entrada en vigencia de la ley, en tanto que se aclara que la norma no afecta derechos adquiridos y sus disposiciones.
El texto, enviado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado 27 de abril al Congreso, será tratado el próximo 2 de junio en un plenario de las comisiones de Legislación General y Agricultura y Ganadería de la Cámara baja, que contaría con la presencia del ministro de Agricultura, Julián Domínguez.
Según confirmó a Télam la diputada de Nuevo Encuentro, Vilma Ibarra, titular de la comisión de Legislación General, también se invitará al plenario a los legisladores que integran la comisión de Asuntos Constitucionales, donde se encuentran otros proyectos vinculados a la posesión de tierras en manos de extranjeros.
Al anunciar el proyecto, la Presidenta -que ya se había comprometido el 1 de marzo al inaugurar la Asamblea Legislativa a remitir el texto al Congreso- aseguró que con la iniciativa "estamos dando un paso más en algo muy importante que es el dominio nacional de nuestro recurso no renovable, la tierra".
La iniciativa no sólo apunta "a regular un previsible incremento de la propiedad extranjera sino a la necesidad de limitar un proceso de concentración de grandes extensiones de tierras en manos de capitales", según los fundamentos.
Entre otras cuestiones, el proyecto establece que las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las 1.000 hectáreas, cualquiera sea su lugar de ubicación, y fija en el 20 por ciento el límite a toda titularidad de dominio por parte de extranjeros de tierras rurales en el territorio nacional.
Si bien existen cerca de una docena de proyectos vinculados con la propiedad de la tierra, el plenario de comisiones -previsto para el 2 de junio- avanzará en el debate de la cuestión y buscará consensuar un texto unificado entre los diferentes bloques parlamentarios.
La iniciativa fue bien recibida por la mayoría de los bloques parlamentarios, que coincidieron en destacar la importancia de avanzar en la cuestión y anticiparon el respaldo al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo aunque se mostraron a favor de unificarlo con las otras inciativas existentes en la cámara baja.
"Creo que vamos a poder llegar a un consenso fácilmente, ya que tanto el oficialismo como la oposición tienen vocación de sacar una ley que aborde definitivamente la cuestión del dominio de las tierras rurales", enfatizó Ibarra.
Desde el radicalismo, el diputado Pablo Orsolini, ex vicepresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), manifestó su respaldo al proyecto, al sostener que "es un buen augurio que se le de celeridad a este tema tan importante, ya que desde el 2000 que venimos reclamando este debate en nuestra entidad".
Se trata del legislador radical por Chaco, proveniente del sector agrario, que en la Asamblea Legislativa del pasado 1 de marzo, desde su banca, le pidió a la Presidenta por una ley que aborde el tema de extranjerización de las tierras.
Orsolini recordó que el primer proyecto que presentó como legislador tiene "muchas coincidencias" con el del Poder Ejecutivo y afirmó que "esperamos que se apruebe lo más rápido posible, ya que todos los que hay en la cámara tienen muchísimo en comun con el enviado por la Presidenta".
"Si se trabaja con seriedad se va a poder sacar un sólo proyecto consensuado. Cuanto antes se avance en el dictamen será mejor para todos" aseguró Orsolini, quien puso de relieve la decisión del Poder Ejecutivo, al destacar que la Presidenta "cumplió con su palabra de enviar el proyecto al Congreso".
Por su parte, el socialista Lisandro Viale, vicepresidente de la comisión de Agricultura, celebró que se debata la cuestión pero se pronunció a favor de que antes se avance en un proyecto para crear un Registro Único de Catastro para las tierras en la Argentina, "para tener un relevamiento sobre la tenencia de la tierra".
No obstante, Viale anticipó que ese bloque planteará algunos cambios al proyecto enviado por el PEN, entre los que mencionó, incorporar una diferenciación de los territorios, al sostener que "no es lo mismo la Patagonia que las tierras en el Acuífero Guaraní, las zonas selváticas, la pampa húmeda o los glaciares cordilleranos".
"Hoy no existe criterio fundamentado respecto a por qué en la ley que envió el Ejecutivo se establece el 20 por ciento como límite a toda titularidad extranjera de tierras en Argentina. ¿Por qué no el 10 por ciento?", se preguntó el titular del bloque de diputados socialista.
De acuerdo a la iniciativa, se crea un Registro Nacional de Tierras Rurales, en el ámbito del Ministerio de Justicia, que tendrá la facultad de requerir la información necesaria a las dependencias provinciales competentes en registración y catastro inmobiliarios.
Dispone, además, la realización de un relevamiento catastral y dominial que determine la propiedad de las tierras rurales, tomando como fecha de configuración del relevamiento la situaciónexistente al 10 de enero de 2010.
El relevamiento de las tierras rurales se realizará dentro de los 180 días de la entrada en vigencia de la ley, en tanto que se aclara que la norma no afecta derechos adquiridos y sus disposiciones.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario